(El outsourcing malo)
El pasado 12 de noviembre la 4T atrajo a la mesa de debate la eliminación total del outsourcing en México, pese a que la figura de subcontratación fue incluida en la Ley Federal del Trabajo en 2012 para su regularización.
Entiéndase según la ley Laboral a la subcontratación como un mecanismo que permite la tercerización de servicios, con el reclutamiento de personal a través de una empresa ajena a la compañía en que se va a laborar.
El problema con la subcontratación, en voz de nuestro presidente es que “les nieguen prestaciones laborales a los trabajadores, los despiden a fin de año masivamente; no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder”.
Sobre estos pronunciamientos.
El 60% de la población económicamente activa de nuestro país, que trabaja en la informalidad tampoco cuentan con prestaciones laborales, y la eliminación del outsourcing no va a resolver el problema.
Con el cierre y quiebra de negocios, los despidos están a la orden del día, y a lo que debiesen enfocarse nuestras autoridades laborales, es a cuidar a que las recisiones se realicen conforme marca la ley.
Las LFT vigente establece la obligación a las empresas que reciben servicios de subcontratación a repartir utilidades entre los empleados de sus contratadas que colaboraron en generarlas, por lo que no hay que modificar la ley en este sentido.
Sobre la “facilidad de contratación”, pese las dificultades que les genera la U.S. Border Patrol y el muro de la vergüenza, nuestros migrantes siguen buscando ofrecer su mano de obra en la economía estadounidense, que paga mucho mejor. Lo cual fue una de nuestras ventajas competitivas, pues muchas empresas de países con altos salarios transferían sus operaciones a nuestra nación, aprovechando una mano de obra igual de calificada, pero más barata.
La inscripción en el IMSS de los trabajadores con un salario inferior al real no es un artilugio nuevo, ni exclusivo del outsourcing, mala praxis que daña a la clase trabajadora en:
- Sus finiquitos y liquidaciones.
- Su fondo de vivienda.
- Licencias de maternidad.
- En el fondo de su pensión, y
- El pago de incapacidades.
Que resultan ser inferiores, a las que les corresponderían con su salario real. Y me cuestiono: ¿Las inspecciones del seguro social sirven de algo?, ¿Qué ha hecho la STPS al respecto?, porque si estas instituciones no hacen nada, la propuesta terminará como letra muerta.
No, la eliminación de la figura del outsourcing no resuelve estos problemas, el real meollo de la 4T es la evasión fiscal.
Según la Confederación Mundial del Empleo, en abril del 2019 había más de 900 empresas en México que se dedicaban a la subcontratación, siendo que solamente 100 de ellas estaban registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
A su vez la Asociación Mexicana de Capital Humano, afirma que sólo 40 outsourcing en el país cumplen con auditorías para garantizar que no incurren en prácticas de simulación en la remuneración de los empleados.
No dejando ninguna duda, que muchas de las empresas mexicanas utilizan a las Outsourcing para la evasión fiscal y de paso, dejar de cumplir con las obligaciones con sus trabajadores, creando y desapareciendo empresas a discreción para cuando un trabajador quiera hacer valer sus derechos por incapacidad o despido injustificado, la empresa que lo contrató ya desapareció.
LA INICIATIVA
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa contempla la armonización de la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del ISR, Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación, en cuanto al tratamiento de las siguientes tes figuras:
- La subcontratación de personal, que quedará prohibida.
- Los servicios y obras especializadas, que requerirán autorización por parte de la STPS y su integración a un padrón público.
- Las agencias de colocación, que podrán intervenir en los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, sin ser en ningún caso patrones.
Obviamente a lo que le temen las empresas fantasmas y outsourcing no reguladas, es el equiparamiento de los servicios de tercerización laboral como defraudación fiscal, y por ende la prohibición de su deducción de impuestos y la imposición de multas a los infractores.
Bueno, «esos son los planes de nuestro gobierno, falta lo que diga la oposición y las Organizaciones Patronales y Empresariales nacionales e internacionales, después de todo el debate se va a posponer a febrero del 2021″
