Ante las quejas promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación.
El pasado 25 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inválidos las modificaciones a las leyes para considerar el contrabando, la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas y otras infracciones fiscales como delitos contra la seguridad nacional, argumentando que: “La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el fallo de la SCJN, donde invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, “va en línea de seguir protegiendo a la corrupción”
“Hace falta todavía lograr en otros poderes, en este caso el Poder Judicial y en la Corte que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías”.
“¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios, cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos? La Hacienda pública deja de recibir ingresos que pueden ser utilizados para garantizarle al pueblo bienestar”, mencionó el mandatario.
A lo que el titular del Poder Judicial de la Federación respondió que: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”
Otras opiniones sobre el tema:
Los procuradores y fiscales del país consideran que se les esta privando de herramientas para evitar y desalentar crímenes que dañan las arcas nacionales y por ende los intereses de la nación.
Alberto Nava, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales detalló que «el reto para la Procuraduría Fiscal, así como para la FGR no radica tanto en probar o no un delito, sino acreditar si la persona podría darse a la fuga o no».
Por su parte, Jorge Lara Rivera, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales comentó que «para que el Ministerio Público pueda solicitar la prisión preventiva a un juez, se tiene que demostrar que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, es decir, que existe un riesgo de fuga».
